Al respecto, la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Ana Rodríguez, manifestó que “UNICEF trajo conferencistas internacionales en materia de justicia penal juvenil, con todo lo referido a estándares internacionales en materia de acceso a la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal o infractores de la ley penal y nosotros estamos abocados al trabajo en esta materia, hemos comenzado un proceso de transformación de todo lo que tenga que ver con la asistencia y con la política pública aplicada para niños y adolescentes en conflictos con la ley penal”.

Por su parte, la Consultora del área de Protección de UNICEF, Sabrina Viola, explicó que “se firmó un convenio con el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy para hacer avanzar en distintas líneas de acción, de capacitaciones y trabajos con el poder judicial en cuanto al acceso a la justicia y el tratamiento de niños en conflicto con la ley y lo que es justicia penal juvenil”. Además agregó que “la articulación entre el poder judicial, el sistema de protección de derechos del niño y el área de niñez del ejecutivo, se enmarca en el nuevo ciclo de cooperación que tiene UNICEF Argentina con nuestro país, que comenzó en el año 2016 y es por cuatro años; además se están firmando en distintas provincias convenios con los gobernadores y puntualmente acá en Jujuy se firmó específicamente con el Superior Tribunal para trabajar temas específicos con la Justicia”.

Continuó diciendo que “lo que se realizó acá fue un seminario con expertos internacionales sobre sistemas de monitoreo y sobre la necesidad de que exista ese mecanismo ya que en la Argentina no existen”.

Por último expresó que “uno de los temas es el tema de la prisión, el encierro de los niños, que tiene que ser la última medida disponible, no la primera, ni la segunda, estamos muy a favor de lo que es trabajar fuertemente con lo que es los medios alternativos a lo que es el proceso judicial, y también en las medidas alternativas a la prisión, apoyar fuertemente eso, hemos hecho un seminario relacionado con esos temas y también con los temas de sistema de supervisión y monitoreo de los centros de detención, hay que mejorarlos y básicamente lo que se apoya es que haya una ley y eso se está empezando a trabajar, la semana pasada nos reunimos con el Ministerio de Justicia de la Nación sobre la posibilidad de trabajar en una Ley Penal Juvenil”.

A su vez, el Secretario de la Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios de la Procuración General de la Nación, Martiniano Terragni, dijo que “la jornada se dividió en dos partes, la actividad teórica y la solución de casos prácticos, donde se seleccionó algunos casos que consideramos de interés de distintas jurisdicciones del país, sobre el derecho de la intimidad del niño en el proceso penal, la imposición de pena, la suspensión de juicio a prueba, sobre esa base y la lectura que los distintos operadores de la provincia han realizado esos casos, vamos a tener un trabajo respecto de conflicto, tensiones, normativas aplicables, coincidencias o no con la decisión de un fallo, y que nos permita trabajar sobre soluciones más homogéneas a nivel nacional”.

Asimismo el Dr. Terragni explicó que “hay cuestiones que son de fondo, por ejemplo la fijación de la edad o cuestiones vinculadas a la pena, pero muchísimas cuestiones dependen de cada legislación provincial, como la suspensión de juicio a prueba, cuando un niño tiene privada la libertad o no durante un preso penal en su contra, como se articula la justicia penal con los sistemas de protección y todo eso depende de las regulaciones provinciales”.

Finalmente agregó que “en ocasiones da la idea que las diferentes jurisdicciones de argentina intentan hacer reformas legales, sin saber cuáles son las bases fácticas sobre la cual se va a trabajar, si no se tienen los recursos administrativos que pudieran sustentar medidas alternas al proceso penal, esas van a fracasar, tener un sistema de justicia juvenil es costoso, requiere no solo un formación y una capacitación especifica por parte de los operadores judiciales, sino también una articulación muy fuerte con los sistemas de protección, no hay forma que este sistemas de justicia publica pueda funcionar adecuadamente si antes no ah habido un sistema de una política de prevención”.