Siguiendo la política delineada por el gobernador Gerardo Morales que reconoce como sujetos plenos de derechos a los niños, niñas y adolescentes de Jujuy, la titular de Desarrollo Humano, Ada Galfré junto al intendente Ricardo Farfán habilitó la Oficina número 34 que realizará un fuerte trabajo territorial con la comunidad mendietense para que se cumpla todas las leyes y tratados de protección de derechos de niñez.
En este sentido, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Ana Rodríguez ponderó la voluntad política del jefe comunal de establecer como “política pública el sistema de protección de derechos” recientemente presentado, garantizando de este modo que los damnificados sean “oídos y contenidos”.
“Seremos guardianes de nuestros niños, no sólo la oficina va a actuar sino que vamos a alertar a la comunidad de que algo está sucediendo. Esta es una de las tareas que vamos hacer porque la otra será la promoción, difundiendo espacios de participación para que ellas y ellos puedan comenzar a trabajar con responsabilidad, libertad y conocer sus propios derechos”, apuntó.
La nueva oficina que trabajará articuladamente con el municipio de San Pedro, cuenta con un operador, un promotor, psicólogo y un trabajador social y tendrá las mismas funciones que todas las instituciones que actualmente prestan servicio en las diferentes localidades.
De igual modo, Galfré puso de relieve el nuevo plan integral de protección de niñez el cual es acompañado por todos los municipios. Sostuvo que se puede llevar adelante en Jujuy porque existe “una democracia activa, concreta y transformadora que entiende a la niñez y a la adolescencia como parte de la sociedad, como personas con derechos. El derecho tiene ver con el respeto y que se tenga en cuenta a la persona desde su realidad local, desde el contexto de la familia pero fundamentalmente a partir de las competencias y habilidades que cada persona pueda desarrollar”.
Por último, subrayó que la institución realizará un tratamiento integral a la persona cuyos derechos fueron amenazados o violados para reincorporarlos/as a los sistemas de educación, salud e interrelación familiar evitando la judicialización.
