Estuvieron presentes el gobernador, Gerardo Morales; la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Clara de Langhe de Falcone; el subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, Germán Onco; los ministros de Desarrollo Humano, Ada Galfre; de Salud, Mario Fiad; y de Seguridad, Ekel Meyer; la secretaria de Gestión Educativa, Aurora Brajcich; y la representante adjunta de UNICEF, Ana De Mendoza.
En este escenario, se firmaron los decretos que implican la aprobación del Circuito de Tramitación, Consultas y Denuncias de Vulneración de Derechos de niñas, niños y adolescentes; y la aprobación del Protocolo de Actuación conjunta entre los Ministerios de Desarrollo Humano y de Seguridad de la Provincia de Jujuy para los espacios de atención de personas menores de edad en conflicto con la Ley Penal.
El mandatario destacó que los protocolos establecidos se encuentran en el marco de la Ley 26.061 y de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, además de sustentarse en leyes provinciales, que adhieren y ponen en marcha mecanismos e instituciones que buscan su aplicación y cumplimiento.
“Durante el tiempo que fui senador, iniciamos la lucha buscando cambios institucionales, por lo que me comprometo, junto a los ministerios, discutir la articulación y la implementación de estos protocolos que son un avance cualitativo, sobre la base de una definición conceptual que tenemos que tomar como sociedad, que no nos lleve a partir de casos extremos a generalizar la estigmatización sobre los niños y niñas”, resaltó Morales.
Planteó que el desafío que tiene tanto el Gobierno de la Provincia, como la sociedad, es recuperar a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley Penal.
“Enmarcados en sistemas retrógrados que se venían implementando en la Provincia, se generaba retroceso y vulneración de los derechos, es por eso que unos de los grandes desafíos de la ley de protección integral fue la desinstitucionalización, con la creación de centros de admisión con un trabajo interdisciplinario de todos los Ministerios, buscando la recuperación y la reinserción social de los niños y niñas, siendo la primer provincia del NOA que pone en marcha este sistema”, cerró el gobernador.
Galfré, en tanto, ponderó que el protocolo presentado servirá para ordenar la forma de actuación de las áreas y sectores comprometidos en la protección de derechos en su relación con el sistema penal juvenil”. “El protocolo se enmarca en el Sistema Integral de Derechos de niños, niñas y adolescentes contemplado en la Ley N° 26.061”, agregó.
“En este sistema penal juvenil, el organismo de aplicación en los casos de jóvenes menores a 18 años, en situación de conflicto, es el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia”, sostuvo Galfré. Dicha área será la encargada de articular acciones con la Justicia y el Ministerio de Salud en los casos que los jóvenes tengan algún tipo de problemas de salud, “como podría ser en una situación de consumo de sustancias”, detalló.
“Los chicos menores a 14 años, por su condición de inimputables, deberán ser atendidos junto a su familia siendo el Ministerio de Desarrollo Humano quien deberá hacerse cargo del abordaje terapéutico y de la atención familiar”, remarcó.
“Cuando encontramos a un chico en una situación así es que está diciendo algo y es lo que tenemos que abordar con la familia. La idea no solo la reinserción sino la desestimación, lo que significa que en el proyecto de vida de los y las chicas no entre la posibilidad de cometer delitos”, concluyó Galfré.
Con la vigencia de la Ley 26.061 y la decisión del Ejecutivo provincial de efectivizar su cumplimiento todas las áreas de gobierno son corresponsables del Sistema de Protección Integral de Derechos, para que niños, niñas y adolescentes puedan gozar de sus derechos. Ante cualquier situación de vulneración de derechos, la población podrá recurrir a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) o llamar a la línea 102.
