El 20 de noviembre se conmemoró el Día Internacional del Niño/a en honor a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño/a en 1959 y a la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. En este contexto, el Gobierno de la Provincia está desarrollando actividades de promoción de derechos  a través de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) como así también desde las Oficinas de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (OPD). En Jujuy, el organismo encargado de implementar las políticas públicas en infancia es la Secretaría Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano.

La Convención sobre los Derechos del Niño/a establece una serie de derechos, incluidos los relativos a la vida, a la salud, a la educación, a jugar, a la vida familiar, a estar protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a que se escuchen sus opiniones, que se plasmaron en Argentina con la sanción de la Ley Nº 26061. Por ello, entre logros y desafíos, la secretaria de Niñez, Adolescencia de la provincia, Ana Rodríguez,  destacó el trabajo que se viene haciendo en Jujuy y consideró de suma importancia la conmemoración de esta fecha.

Por ese motivo, la funcionaria indicó que lo que se recuerda ese día “no es solo una firma de una convención sino que es la puesta de un montón de acciones de prevención, de promoción y de reparación de derechos”, como así también la garantía de esos derechos en la población infantil “a quienes nosotrxs consideramos el futuro, pero para eso tenemos que garantizar el acceso al derecho en su presente”.

Continuando, Rodríguez señaló que en Jujuy “venimos en un proceso de transformación, ya que a pesar de que la Ley 26.061 (de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) fue promulgada hace 11 años, todavía vemos que aún hay barreras para entender el enfoque de Derechos y qué significa ser sujetos de derecho”.

“Nosotrxs como comunidad jujeña necesitamos elaborar la posibilidad de darle al otro -un niño, niña y adolescente- el poder de decisión, de participación y de protagonismo en lo concerniente a su propia vida”, afirmó Rodríguez, y agregó: “todavía hay (en la sociedad) una mirada de que los/as chicos/as no están capacitados/as por ser niños/as, a tomar decisiones o a tener una voz en debates que consideramos que son sólo de adultos”.

Consecuentemente, la funcionaria expresó: “es ese camino de transformación el que estamos recorriendo nosotrxs desde la Secretaría, ya que en todo lo referente a una vulneración de derechos, lo primero que hacemos es escuchar al niño, niña o adolescente, porque desde esa mirada consideramos que son sujetos de derechos”.

Respecto al trabajo realizado por el área gubernamental a su cargo, detalló: “trabajamos mucho con las demandas espontáneas en las OPD (Oficinas de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes), a través de lo cual hemos logrado como meta de gestión, disminuir la judicialización de las situaciones de vulneración de derechos, ya que implicaban una doble victimización de lxs menores de edad. Pasamos de tener dos mil intervenciones judiciales a principio de la gestión a tener hoy en día sólo  mil, ya que no tienen por qué estar judicializadas las situaciones sociales”, enfatizó.

En las OPD, se brinda atención y acompañamiento a la niñez y adolescencia trabajando en la prevención de la institucionalización, garantizando su derecho a ser oídos/as en un espacio de contención de sus conflictos; con profesionales de la Psicología, el Trabajo Social y el Derecho, evitando procesos de judicialización por cuestiones que no son pertinentes a delitos.

“La mirada actual –afirma la Secretaria de Estado- es que todas las situaciones en donde haya una vulneración de derechos tiene que ser trabajada por el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que es el órgano de aplicación de la Ley 26.061, porque la meta es el fortalecimiento de vínculos familiares, ese es el eje transversal que se trabaja en todos los proyectos y programas que tiene la Dirección de Niñez y Adolescencia”.

Destacó que con esa mirada, no se judicializan los casos en que los chicos y chicas no hayan podido acceder a políticas sociales, educativas o sanitarias, “nos hacemos cargo nosotrxs y trabajamos para que esa política social llegue a la población y disminuir así las barreras de la desigualdad”, sentenció Ana.

Referente a la problemática que más demanda requiere, Rodríguez puntualizó que es la violencia familiar, “justamente por eso tenemos programas destinados a fortalecer los vínculos familiares: en las OPD se realiza un tratamiento sistemático familiar,  con un plan de acción referente a empoderar la familia; mientras que con el proyecto Escuela de Crianza, se generan espacios de trabajo de familiares o de referentes afectivos que tengan a cargo un niño/a donde se puede abordar las cuestiones sociales, culturales e históricas de las pautas de  crianza que estamos transcurriendo hoy lxs jujeñxs”, remarcó.

Asimismo, ponderó el fortalecimiento de la primera infancia que se hizo desde el Ministerio de Desarrollo Humano, al lograr llegar a tener 40 CDI (Centros de Desarrollo Infantil) mediante convenios con las intendencias y comisiones municipales, en contraste con los 7 que había en la provincia anteriormente, conteniendo a más de tres mil niños y niñas de 0 a 4 años de edad.

En relación a los desafíos actuales de la implementación de la política pública en infancia, la funcionaria afirmó que siguen habiendo prácticas tutelares en Jujuy, sin embargo añadió que “lo fundamental de entender es que la población a veces por desconocimiento elige vías de judicialización en casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes pero porque se tiende a judicializar por cuestiones sociales aquello que no tendría que hacerse ya que la justicia está para las cuestiones penales y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia está para las cuestiones sociales”; por lo que pidió a la comunidad animarse a asistir a las OPD en casos de tales situaciones.

Finalmente, puso en valor los dictámenes de adoptabilidad que se consiguieron desde el área su cargo, detallando que “en esta gestión se realizaron por primera vez los dictámenes de Adoptabilidad, que implican la posibilidad y el acceso a derecho que el niño o niña –luego de acabadas todas las acciones de promoción y protección- pueda  ingresar a un registro de adopción por el Tribunal de Familia”. Anteriormente, en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, no había tales dictámenes, lo que significaba que los niños y niñas pasaban mucho tiempo en instituciones sin el acceso al derecho de tener una familia.